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Karla Aponte, Sara Rosario y el Lcdo. Cabrero deponiendo ante la Comisión de Recreación y Deportes de la Cámara de Representantes. Suministrada. | Archivo.

San Juan, Puerto Rico – La Cámara de Representantes ayer aprobó unánimemente el Proyecto de la Cámara 1203, que busca enmendar la Ley 5-2022 o «Ley para el Fortalecimiento y Desarrollo del Deporte Puertorriqueño» y el Artículo 10 de la Ley 8-2004 conocida como la «Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes», ayer en la tarde.

Tras semanas de intenso cabildeo en contra por parte del Comité Olímpico y de sus federaciones afiliadas, el PC1203 fue aprobado por unanimidad en la Cámara tras un acuerdo de someter una enmienda para que no fuera tan oneroso el reporte financiero de las Federaciones. Las entidades deportivas como el COPUR y aquellas federaciones que reciban más de $1 millón al año deberán informar por CPA mientras que aquellas que generen menos de $1 millón al año será un informe detallado de ingreos, gastos, cuentas, etc., pero no tendrá que ser por CPA.

La medida le otorga al Departamento de Recreación y Deportes, por medio de la enmienda al Artículo 10 de la Ley 8-2024, «a solicitar informes y realizar aditorías como custodio de los fondos que le provee el Estado a las federaciones deportivas, estén o no bajo la jurisdicción del COPUR».

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Según el texto de la enmienda al Artículo 10 de la Ley 8-2004, una vez al año todas las organizaciones deportivas que reciben fondos públicos (entiéndase COPUR, federaciones, etc.) presentarán al Contralor de Puerto Rico y a la Asamblea Legislativa un informe detallado de sus operaciones y dicho informe deberá contener: una descripción completa de las actividades y logros, descripció de cualquier demanda o reclamo presentado en su contra, incluyendo cualquier disputa iniciada bajo este capítulo, el órden del día y las actas de cualquier reunión de la junta directiva que haya ocurrido durante dicho año calendario, un informe de cumplimiento de la federación, con respecto a dicho año, las areas en que la federación ha cumplido con los estándares de cumplimiento, y en las que no, y una descripción detallada de cualquier queja de represalia realizada durante dicho año, incluida la entidad involucrada, el número de denuncias de represalias y el resultado de tales acusaciones.

 

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Esta medida fue presentada a la Comisión de Recreación y Deportes de la Cámara de Representantes por la exfutbolista, ex seleccionada nacional, y exempleada de la CONCACAF, Karla Aponte, quien ahora cursa estudios en derecho en la Universidad de San Thomas en la ciudad de Miami, Florida. El autor principal de la medida es Eladio «Layito» Cardona Quiles, presidente de la Comisión de Recreación y Deportes de la Cámara de Representantes.

“Todo esto empezó porque soy exjugadora de la Selección Nacional de fútbol. Fui de la Selección desde los 13 y 14 años. Estando allí, tuve que pagar para mis uniformes. Nada más había un entrenador para todas las categorías y siempre luchábamos para conseguir canchas. Nosotras, con 14 años, no podíamos guiar para ir a las prácticas que teníamos que eran dos veces al día, e incluso durante el verano. Y nadie se aseguraba de que tuviéramos algún tipo de transporte”, dijo Aponte a entrevista con el Nuevo Día el pasado 24 de abril de 2022.

«Habían dos prácticas al día y no nos daban ni almuerzo. Toda la responsabilidad caía en los padres. Entonces las niñas que tenían padres que podían apoyarlas económicamente se quedaban en la Selección, y las que no, tenían que salirse.Yo sabía que eso no estaba bien. Averigüé con otras selecciones de otros deportes y la historia es igual o peor», continuó Aponte.

«En Estados Unidos se hacen auditorías aunque no sean fondos públicos. Y allá las federaciones son corporaciones ‘charter’, que significa que reportan al Congreso. Y encontraron la necesidad de hacer esto a pesar de que no reciben fondos públicos las federaciones, porque le deben transparencia al público y a los atletas, y porque le sirven a un deber patriótico y ministerial», explicó Aponte a ENDI a preguntas sobre la validez de auditar fondos, tanto privados como públicos.

Se espera que la medida sea presentada en el Senado de Puerto Rico la semana próxima.

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