El pasado fin de semana del 15 de marzo la mayoría de los equipos de la Región Metropolitana de Fútbol decidieron boicotear los partidos que se disputarían ante el Catalá FC en protesta por el método tan agresivo de reclutaje que muchos de los clubes describen como «antietico». De inmediato muchos padres a favor del Catalá FC salieron a refutar en las redes las acciones pasadas de otros clubes metropolitanos reclutando jugadores talentosos para llenar sus matrículas.
La controversia ha sido tan fuerte que hasta en programas televesivos ha sido tema de diálogo y la Comisión de Recreación y Deportes de la Cámara de Representantes ha decidido abrir una investigación al respecto, amparado en leyes vigentes sobre el bienestar de menores de edad.
Y mientras todo esto ocurre nadie hace las preguntas adecuadas. ¿Por qué los padres no tienen voz ni voto en los asuntos deportivos que afectan directamente a sus hijos? Después de todo, los padres son los que se gastan unos $1,100 a $1,490 al año en matrículas de los clubes. Según los registros de la FPF para el 31 de diciembre del 2023 habían 7,634 jugadores de fútbol registrados y desde entonces han incorporado 9 clubes adicionales lo que sugiere que el total de jugadores registrados en la FPF pudiera estar cercano a los 10,000 a la fecha. La FPF dejó de proveer números precisos el año pasado y tampoco ha explicado el porqué.
Usando el número más bajo de matrícuulas por año como base, estamos hablando de que el fútbol de Puerto Rico, solamente en matrículas y gastos básicos de los clubes mueve entre $11 a 15 millones; eso es sin contar los patrocinios que los clubes adquieren para sus operaciones o los viajes que realizan al exterior.
No hay duda que el asunto de la queja por «piratería» de jugadores está basado en el «bottom line». Cada jugador que adquiere un club es una matrícula que pierde otro. En un mercado abierto, esto no sería un problema ya que la competencia por ofrecer el mejor servicio al cliente (los jugadores y los padres) fomentaría una competencia de mercado donde los padres pudieran escoger el club que mejor les sirva.
Alegadas acciones depredadoras no funcionan cuando un cliente está feliz con el servicio que reciben. Por ejemplo, una de las quejas de piratería que se le realiza a Catalá es que posterior a los partidos algunos entrenadores alegadamente le hacen invitaciones a los mejores jugadores a participar de viajes deportivos al exterior; de esa manera les convencen que es mejor estar en el programa completo de Catalá para que puedan beneficiarse mejor. Todo esto en medio del semestre.
Hay que mencionar que durante el periodo donde las ventanas están cerradas un jugador necesita permiso para ir en un viaje deportivo que no sea de su propio club por parte de la FPF.
Si los padres estuvieran conformes con el servicio que los clubes les están ofreciendo a sus niños, que en muchas ocasiones también participan de viajes deportivos al exterior, los padres optarían por permanecer en sus clubes.
No me malinterpreten. Estas tácticas son depredadoras y son antiéticas pero están en un area muy gris.
Pero en Puerto Rico, desde que la actual administración de la FPF impuso su proyecto de regionalización, lo que existe es un monopolio deportivo de facto que ha creado estancamiento técnico y a quien único a beneficiado es a los que con sus votos han refrendado dicho monopolio de facto. O sea a los clubes.
Por ejemplo, el reglamento de la FIFA estipula que cuando un torneo de categoría amateur, como lo son todos los torneos de Puerto Rico, incluyendo a la Liga Puerto Rico PRO, concluye, todos los jugadores están libres de poder irse a cualquier equipo que deseen.
Por otra parte, el reglamento de la FPF estipula que los jugadores son libres en la ventana de enero; mientras que en la ventana del verano se restringe a los clubes de poder realizar más de 10 cambios sin penalidades. Es decir, un club solo puede inscribir hasta 10 nuevos jugadores sin pagar una penalidad. Esta penalidad son de $200 que el padre tiene que pagarle al club que están abandonando. Previo al año pasado cobraban $300, $100 siendo para la FPF y $200 para el club.
Claro está hay 5 excepciones según la FPF para no tener que pagar la penalidad como por ejemplo si la familia tiene que mudarse. Pero las transferencias regulares siguen siendo más que las excepciones.
Sin embargo, la Youth Soccer Tournament restringe hasta 5 nuevos jugadores inscritos en la ventana de enero, siendo más restrictivos que el reglamento de la FPF. Esto efectivamente crea una barrera de movimiento para los padres poder mover esos jugadores de un club para otro sin penalidades adicionales.
Este reglamento causó problemas al Bayamón FC el año pasado que terminaron siendo referidos a la Comisión de Disciplina y Ética de la FPF por parte de la Asociación Regional Metropolitana.
Adicionalmente, la implantación de un sistema de regionalización deportiva, donde se restringe a los clubes de una región optar por jugar en otra región geográfica promueve la piratería; al punto de que ya una región está de facto inoperante. Un club puede tener mejores oportunidades de desarrollo en las distintas regiones pero si los padres optan por llevarse a sus hijos porque a los clubes no les permiten jugar en ligas más competitivas en el area metropolitana lo que creas es un pulpo de múltiples tentáculos que lo que se enfoca es en monopolizar el mercado completo.
Y según nos han informado personas con más conocimiento del proceso, hay clubes que hacen firmar contratos de desarollo a los padres para poder cobrar derechos de formación; derechos de formación que según la Corte de Apelaciones Federal en Bostón son illegales en cuanto a transferencias de jjuveniles en la MLS bajo la jurisdicción de US Soccer. Cabe señalar que bajo el reglamento de FIFA estos clubes amateur que hacen firmar estos contratos de desarrollo a los padres para poder cobrar derechos de formación son ilegales.
El fútbol de Puerto Rico necesita reformas profundas. Los monopolios deportivos son prácticas illegales y actuar como un cartel para evitar que otros puedan hacer negocios en un mercado es una acción illegal a nivel federal.
Los niños no son comodidades; mientras los padres paguen porque sus hijos juegen son clientes y los clubes no pueden reclamar derechos sobre esos jugadores. Es por eso que es tiempo que los padres exijan, no solo a los clubes, sino a la FPF a tener una silla en la mesa.
¿Para cuando los padres exigirán tener voz y voto en la política pública administrativa que afecta no solo sus bolsillos sino el bienestar de sus hijos? ¿No creen que sea tiempo de que haya un representante del interés juvenil e infantil en el Consejo Ejecutivo de la FPF? ¿No creen que es tiempo que haya un grupo de interés de los padres que tenga voz y voto en el Congreso de la FPF? ¿O quizas sea tiempo de que los padres opten por matricular en clubes que no juegan en torneos no federados?
