San Juan, Puerto Rico – La Puerto Rico Soccer League (PRSL) ha hecho pública hoy la demanda a nivel federal contra la Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF) sometiendo la misma en el tribunal federal de Puerto Rico. La misma fue asignada como case 3:23-cv-01203.
En las 26 páginas del documento (disponible en su totalidad para nuestros Patreons) la PRSL y sus codemandantes denuncian actos de fraude perpetrados por el Sr. Iván Rivera Gutierrez, Sr. José «Cukito» Martínez, Sr. Luis Daniel Mozo Cañete, Sr. Gabriel Ortiz y otros 10 codemandados que no son nombrados inicialmente.
Los codemandantes de la PRSL son Josep Marc Serralta Ives, María Larracuente, Juan Miguel Cornejo, José R. Olmo-Rodríguez, y Fútbol Boricua (FBNET) Inc.
Entre las razones bajo la ley federal «Racketeering Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO)», que el documento detalla, en unas 26 páginas, menciona la interferencia de la FPF para desmantelar la PRSL en su torneo de 2019-2020 y la subsiguiente pérdida de dinero por parte de FBNET por razones de costos de producción que se incurrieron para la abortada temporada 2019-2020 de la PRSL, el esquema de la compra y venta de pasajes a través de la creación de la Sports and Vacation Travel Agency, violaciones a las leyes migratorias de los Estados Unidos de América por medio de contratación de personal a través de una corporación foranea propiedad del Sr. Luis Daniel Mozo Cañete, los actos de la FPF en contra del Sr. Luis Miguel Cornejo que llevaron a su suspensión y la subsiguiente expulsión de la FPF del Comité Olímpico de Puerto Rico, el fraude electoral perpetrado contra la Sra. María Larracuente y las sanciones contra el Lcdo. José Olmo por representar a Cornejo y al árbitro José R. Torres.
La demanda pide a la corte federal como manera de resolver el asunto que se le ordene a la FPF una reorganización a través unas nuevas elecciones, el cese y desista de las actividades ilicitas por parte de los demandados del 18 USC de 1964 (Ley RICO), restituir en una cantidad de 3 veces los daños causados por la FPF más penalidades civiles por cada cargo violado de la Ley RICO, restitución de todo dinero, propiedad y/o beneficios que se les quitaron a los demandantes por los demandados, consesión de daños a los demandantes en una cantidad que deberá ser determinada en juicio por un jurado, y cualquier otro auxilio que la corte entienda justo.
Según dice el abogado representante de la PRSL en un escrito que sometió en su portal, reyeslawyers.com, la cantidad que se busca es de unos $100 millones.
«La PRSL le advirtió a la FPF, sus miembros, CONCACAF y a FIFA que este día iba a llegar, a menos que rectificaran. La FPF ignoró a mis clientes y la CONCACAF se limpió las manos. Estamos esperanzados de poder exponer el nivel de la corrupción y fraude de la FPF durante el descubrimiento de pruebas. Esperamos tener a estos demandados corruptos expulsados y exiliados de la cultura del fútbol de Puerto Rico. Esperamos poder continuar con los proyectos de SafeStadium 2.0 sin la interferencia de la FPF. Esperamos poder guiar a los fútbolistas de Puerto Rico para lograr clasificar al Mundial 2026», dijo el licenciado Ibrahim Reyes en declaraciones escritas en su portal.
