Tal y como había previsto NotiCel semanas atrás, la pugna por el partido entre la Roja española y la selección nacional de fútbol de Puerto Rico se ha ido a penales. Tony Mojena, presidente del Colegio de Productores de Espectáculos de Puerto Rico, (COPEP), le pidió hoy, jueves, al Departamento de Justicia y la Oficina del Contralor «que procese a la productora Maritza Casiano y su empresa, Producciones Maritza Casiano, Inc. por supuestas violaciones a la Ley 113 en el afamado juego de fútbol para el que la productora recibió $1.5 millones en fondos públicos».
Según Mojena y el COPEP, Casiano incurrió en un delito menos grave al violar la Ley 113, que establece como delito menos grave la producción de eventos sin poseer licencia expedida por el Departamento de Hacienda y sin la debida colegiación.
La organización que dirige el productor del programa ‘Día a día con Raymond y Dagmar’ también solicita “que investiguen presuntas ilegalidades y actuaciones en torno a la contratación y desembolsos para el evento La Roja V. Huracán Azul celebrado el pasado 15 de agosto”, según indican en un comunicado de prensa.
Según la comunicación enviada a los medios, “mediante misiva dirigida al Secretario de Justicia, Guillermo Somoza, y a la Contralora Yesmín M. Valdivieso, Mojena pidió una investigación exhaustiva ante las presuntas ilegalidades y malos manejos de fondos públicos aparentemente cometidos por la señora Casiano Cains y/o por su empresa Producciones Maritza Casiano al solicitar un contrato de auspicio de $600 mil en fondos del erario a la Compañía de Turismo”.
“Entre los requisitos previos al otorgamiento del contrato se encuentran: Certificado de Corporación, Good Standing, Certificación Negativa de Deuda en Hacienda, Certificación de radicación de planillas en los últimos cinco años,sin embargo no se le solicitó para la otorgación de este contrato a la señora Casiano Cains la Licencia de Producción según exige la Ley 182 del 1996”, denunció Mojena.
“Adicional al auspicio de $600 mil que le otorgó a la señora Casiano Cains la Compañía de Turismo, la Cámara de Representantes le donó $900 mil para la producción de este evento. O sea, contrario a productores licenciados y con Good Standing, la señora Casiano obtuvo la cantidad de $1.5 millones para producir el evento”, añadió el Presidente de COPEP en la solicitud a Justicia y el Contralor, a la cual NotiCel tuvo acceso.
El COPEP afirma en la relación de hechos que hace en su solicitud que “la señora Casiano Cains utilizó la corporación Producciones Maritza Casiano para el contrato y de forma ilegal la licencia del productor Peter Cruz a nombre de Peter Promotion, Inc. para refrendar los boletos en el Departamento de Hacienda en clara violación de los reglamentos existentes. COPEP tiene evidencia de la advertencia que le hizo al Departamento de Hacienda sobre la posible violación de ley”.
El COPEP fue más allá al indicar que Casiano “no posee licencia para producir eventos” desde el año 2009 y, por ende, “cualquier espectáculo que se celebre bajo el nombre de su casa productora es una violación a la Ley 113, Ley del Colegio de Productores de Espectáculos Públicos de Puerto Rico, y del Reglamento de Promotores de Espectáculos Públicos del Departamento de Hacienda”.
“En esta ocasión, la señora Casiano Cains utilizó para la concesión del contrato la corporación Producciones Maritza Casino, Inc., entidad que tampoco posee licencia para producir eventos y que aunque estaba registrada en el Departamento de Estado, estuvo inactiva hasta 2012, se activó precisamente antes de que se le otorgara el contrato para producir el evento en cuestión”, puntualiza Mojena.
El Director Ejecutivo del COPEP, Juan Carlos Zapata, señaló además que Casiano estuvo colegiada “desde 2006 hasta el 2009” y que ésta debe demostrar que puede renovar su licencia, “independientemente de la opinión que ésta pueda tener sobre el Colegio”.
Por otro lado, resaltó que Cruz, productor que se alió con Casiano para la producción del evento, debe enfrentar “una multa de $10 mil, la revocación de licencia y, posteriormente, la descolegiación por prestar su licencia”.
“Nuestra función establecida por ley es velar por las más éticas y sanas prácticas en el negocio del Espectáculo Público en Puerto Rico, es por esta razón que solicitamos se investiguen las violaciones al orden público para proteger los fondos del erario, la industria de Producción en la Isla, evitar futuras violaciones y garantizar que los negocios en Puerto Rico se conduzcan con el precepto y legalidad que todos aspiramos”, concluyó el Presidente Tony Mojena.
