San Juan, Puerto Rico – La Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF), presidida por Iván Rivera Gutiérrez desde marzo de 2019, se prepara para un nuevo proceso electoral que comenzará el próximo 30 de noviembre con las asambleas regionales y culminará el 18 de diciembre con la celebración del Congreso Electoral. La convocatoria surge en un escenario marcado por años de controversias administrativas, señalamientos de posibles conflictos de intereses y disputas judiciales que han rodeado la gestión del actual presidente.
Mediante la Circular 2026-16, emitida el pasado 2 de noviembre, la Federación anunció el calendario de las asambleas electorales de las cinco asociaciones regionales y de la Primera División Nacional masculina y femenina. Durante estas reuniones se elegirán los representantes que ocuparán puestos en el Consejo de la FPF, conforme a los estatutos de la organización. El proceso de presentación de candidaturas comenzó el 3 de noviembre y concluirá mañana 10 de noviembre a las 4:00 p. m. Según establece la circular, solamente los clubes que cumplan con el Reglamento de Registro federativo y mantengan su condición de Good Standing correspondiente a la gestión de 2026 podrán presentar candidatos y ejercer su derecho al voto.
Sin embargo, la proximidad del proceso electoral también ofrece la oportunidad de examinar los antecedentes de la administración de Rivera Gutiérrez, cuya presidencia ha enfrentado controversias relacionadas con decisiones disciplinarias, cambios estatutarios, conflictos con el Comité Olímpico de Puerto Rico y litigios federales. Estos acontecimientos plantean interrogantes sobre la gobernanza de la institución y los desafíos que enfrenta el fútbol puertorriqueño.
¿La administración ha rendido frutos o ha estado marcada por controversias?
La llegada de Iván Rivera Gutiérrez a la presidencia de la Federación Puertorriqueña de Fútbol se concretó el 16 de marzo de 2019, cuando derrotó a Alberto Santiago y al entonces presidente Eric Labrador en una votación de 18, 10 y 7 votos, respectivamente. Sin embargo, apenas dos meses después de asumir el cargo, comenzaron a surgir cuestionamientos sobre posibles conflictos de intereses dentro de la institución.
En mayo de ese mismo año, familiares de Rivera Gutiérrez establecieron la agencia Sports and Vacation Travel Agency of Puerto Rico, que, según una recopilación de investigaciones de Fútbol Boricua, tenía a la Federación como su único cliente conocido. Esta relación comercial provocó señalamientos sobre posibles conflictos de intereses y posteriormente dio paso a querellas éticas contra el presidente federativo.
Entre 2019 y 2021, otras controversias surgieron alrededor del Puerto Rico Sol FC y el uso de instalaciones deportivas en Mayagüez. En mayo de 2019, el municipio concedió al club derechos exclusivos para operar el Estadio Centroamericano José Antonio Figueroa Freyre hasta 2023. La decisión generó cuestionamientos por las relaciones entre dirigentes del equipo y figuras vinculadas a la administración municipal.
En enero de 2020, Fútbol Boricua informó que los municipios de Mayagüez y Fajardo habían otorgado conjuntamente unos $202,000 al Puerto Rico Sol FC para sus operaciones. Posteriormente, en abril de 2021, el municipio de Mayagüez concedió otros $100,000 al club para ofrecer servicios educativos, entrenamientos y orientaciones dirigidas a estudiantes.
A estas controversias se sumaron cuestionamientos sobre la instalación de una superficie sintética en el Estadio Centroamericano, cuyo valor fue estimado en $200,000. Según la recopilación periodística, la empresa encargada del proyecto, Sports Manufactor, estaba vinculada familiarmente a un exdirigente del fútbol dominicano sancionado por la FIFA por un esquema de comisiones indebidas. No obstante, esta relación no demuestra por sí solas irregularidades en la contratación del proyecto en Mayagüez.
Mientras surgían estos señalamientos, la Federación también enfrentaba conflictos con distintas organizaciones encargadas de desarrollar el fútbol en Puerto Rico. La Puerto Rico Soccer League (PRSL) y posteriormente la Liga Élite de Fútbol de Puerto Rico protagonizaron disputas con la FPF relacionadas con la organización de torneos, los permisos federativos y la participación de clubes en competiciones autónomas.
Desde 2019, la PRSL cuestionó actuaciones de la Federación que, según sus dirigentes, limitaban su capacidad para desarrollar una liga profesional. Entre las controversias figuraron comunicaciones federativas sobre el reconocimiento de la liga y las posibles consecuencias para los clubes que participaran en sus competiciones.
El conflicto se extendió al fútbol juvenil. En 2022, la FPF negó permisos para determinados torneos de la Liga Élite, mientras surgían acusaciones de que la institución pretendía concentrar el control de las competiciones juveniles en categorías como Sub-13, Sub-15 y Sub-17.
Estas disputas llevaron a cuestionamientos sobre el alcance de la autoridad federativa para regular las competiciones y sobre si las restricciones impuestas a determinadas ligas respondían a disposiciones reglamentarias o constituían obstáculos a la libre competencia deportiva. La demanda federal PRSL, et. al. v. FPF, et. al., de la cual este medio es parte demandante, surgió de este conflicto y la misma sigue en curso tras la conclusión de los procesos de deposiciones de los testigos.
Conflicto con el Comité Olímpico de Puerto Rico
Las controversias entre la Federación Puertorriqueña de Fútbol y sus dirigentes continuaron en 2022, cuando Miguel Cornejo, entonces representante de la Región Metropolitana ante el Comité Ejecutivo federativo y vinculado a la Liga Élite de Fútbol, fue sancionado por presuntas violaciones al Código de Ética de la institución.
Cornejo apeló la determinación y posteriormente acudió al Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR), organismo que intervino en la controversia y ordenó a la Federación dejar sin efecto su suspensión y la multa impuesta. Sin embargo, el conflicto persistió ante nuevas actuaciones disciplinarias y desacuerdos sobre el cumplimiento de las resoluciones emitidas.
La disputa adquirió mayores dimensiones en noviembre de 2022, cuando la Federación aprobó modificaciones a sus estatutos que incluían eliminar el reconocimiento del Tribunal de Arbitraje y Apelaciones Deportivas (TAAD) del COPUR. La decisión provocó un enfrentamiento institucional, debido a que el organismo olímpico exige a sus federaciones afiliadas reconocer la autoridad de dicho tribunal para atender controversias deportivas.
Por su parte, la administración de Rivera Gutiérrez defendió las modificaciones estatutarias al sostener que respondían a los principios de autonomía promovidos por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y a la utilización de mecanismos internacionales de arbitraje.
Tras meses de desacuerdos, el 27 de marzo de 2023, el pleno del COPUR aprobó por unanimidad la desafiliación de la Federación Puertorriqueña de Fútbol. La determinación también implicó la suspensión de Iván Rivera y del delegado alterno Juan «Chucho» Avilés de sus funciones dentro del organismo olímpico.
La Federación recurrió al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), con sede en Suiza, para impugnar la determinación. No obstante, el 6 de mayo de 2024 se dio a conocer la desestimación de su apelación, por lo que permaneció vigente la desafiliación del COPUR.
Según los fundamentos del laudo divulgados posteriormente, el TAS concluyó que la eliminación del reconocimiento del TAAD incumplía las obligaciones establecidas en la Constitución del COPUR. Aunque el tribunal reconoció algunos argumentos presentados por la Federación, estos no fueron suficientes para revertir la determinación del organismo olímpico.
En respuesta, la FPF informó mediante un comunicado oficial que acataría la decisión y continuaría trabajando en el desarrollo del fútbol nacional bajo las disposiciones de FIFA y CONCACAF, organismos de los que aseguró mantener su respaldo.
Ante la proximidad del proceso electoral, las controversias que han rodeado la administración de Iván Rivera Gutiérrez vuelven a colocar bajo examen su gestión al frente de la Federación Puertorriqueña de Fútbol. Más allá de las alianzas con artistas como Daddy Yankee y Rauw Alejandro, así como de las relaciones con presidentes de federaciones de fútbol de otros países, surge una interrogante: ¿qué debe pesar más al evaluar una administración federativa, sus alianzas y proyección internacional o la transparencia y la buena gobernanza de la institución?
